Arturo Callejo-marzo 11, 2021
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la 60 Legislatura del Estado de México, propuso que se reconozca en el Código Civil del Estado de México y en la Ley para la Prevención y Erradicación de la violencia Familiar del Estado de México, la violencia económica y se tipifiquen como delitos la violencia física o moral, la psicológica, la patrimonial, sexual y económica.
En su lectura en tribuna, la diputada del PRI, Sara Domínguez Álvarez, sostuvo que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, colocó a Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Estado de México y Veracruz, como las entidades federativas con más casos de violencia económica y patrimonial.
Mientras que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), reveló que, de enero a septiembre del año pasado, el nueve por ciento de los hogares en México registraron algún tipo de violencia familiar, siendo junio, julio y agosto los meses de mayor incidencia.
“Una de las causas que puede explicar el incremento, es el confinamiento con motivo de la pandemia por el coronavirus”, indicó la legisladora priista.
Agregó que el combate a la violencia familiar, es uno de los temas de la agenda pública que no debe ser postergado y mucho menos ignorado, pues este afecta a más de la mitad de la población mundial.
Condenó la violencia económica, que hace alusión a la restricción o limitación de bienes y recursos de una persona hacia la familia, “misma que se agrava cuando se suma a otros tipos de violencia”.
Actualmente la Ley en el Estado de México no contempla a la violencia familiar en todas sus formas de cómo se pueda ejercer, por ello la necesidad de reformar diversas disposiciones del Código Penal y Civil y de la Ley para la Prevención y Erradicación de la violencia Familiar del Estado de México, a fin de brindar mayor protección jurídica a los hogares mexiquenses.
La propuesta de la bancada priista en el Congreso mexiquense fue turnada a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.
