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La Legislatura mexiquense aprobó en comisiones, por mayoría de votos, la Ley de Extinción de Dominio promovida por el gobernador Eruviel Ávila como resultado de uno de sus compromisos que adquirió durante su campaña.

Este ordenamiento permitirá al Gobierno Estatal decomisar los bienes inmuebles que sean empleados por el crimen organizado para realizar sus actividades, como un mecanismo para bloquear el suministro financiero de sus operaciones.

La propuesta del Ejecutivo estatal fue enriquecida con planteamientos de grupos parlamentarios como Acción Nacional (PAN) y Convergencia; el primero, fue promovido por la diputada panista Mónica Fragoso desde el 29 de julio de 2010, y el segundo hace un par de semanas.

Para Fragoso Maldonado, esta Ley servirá para mermar el poderío económico que ha amasado el crimen organizado por acciones delictivas en agravio a la sociedad mexiquense, debido a que otorga facultades al Ministerio Público para asegurar los bienes y congelar e incautar cuentas a integrantes de bandas delictivas.

No obstante, el diputado independiente Ricardo Moreno votó en contra del planteamiento, por considerar que rompe con el principio elemental de la presunción de inocencia, pues basta con una simple presunción de la autoridad para decretar la extinción, sin que en proceso judicial se determine la culpabilidad ni la existencia del delito.

«Existe una tentación natural a excederse en el ejercicio del poder, por eso deben existir los instrumentos jurídicos necesarios para combatirla, pero la iniciativa del Ejecutivo prejuzga; se debe demostrar la inocencia en lugar de que la autoridad demuestre la culpabilidad», dijo.

En este entendido, Moreno Bastida consideró que la iniciativa aprobada va contra los derechos humanos.

 

 

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