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Redacción – Julio 6, 2015

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó en un comunicado que elementos de la Policía de Investigación cumplieron tres órdenes de aprehensión en contra de Juan Armando Rodríguez Lara, Juan Manuel Martínez Juárez y Abraham Vizcarra Baltazar, tras dos dos averiguaciones previas relacionadas con la construcción de la Línea 12 del Metro.

La procuraduría capitalina indicó que el pasado 3 de julio, el Ministerio Público de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos ejerció acción penal por el delito de USO ILEGAL DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES en perjuicio de servidores públicos adscritos en ese entonces, al organismo denominado Proyecto Metro, creado para la construcción y administración de la también conocida Línea Dorada. linea12

El Juez Quinto Penal de Delitos no Graves para el Distrito Federal, determinó librar orden de aprehensión en contra de Martínez Juárez y Abraham Vizacarra, quienes habrían otorgado un contrato de prestación de servicios por un monto superior a un millón de pesos, cuyo objeto consistía en la supervisión de construcción de obra pública, sin embargo la licitación se declaró desierta.

En el caso de Juan Armando Rodríguez, quien  era Director General de Administración de Proyecto Metro, fue aprehendido tras acreditarse su participación en la retención ilegal por concepto de contribuciones, por un monto equivalente a 8 millones 396 mil 322.96 pesos, al aplicar indebidamente las reglas fiscales en materia local y federal.

Entre las personas que se busca detener se encuentra el exdirector general del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez, así como a Moisés Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras Civiles; y Sergio Aguirre Mendoza, exsundirector de Obras de Apoyo Técnico, según Azteca Noticias.

La dependencia precisa que al momento se encuentran pendientes de cumplimentar por parte de la Policía de Investigación diversas órdenes de aprehensión, circunstancia por la cual se solicitó el apoyo institucional para la oportuna emisión de alertas, tanto al Instituto Nacional de Migración, como a la Dirección General de Aeronáutica Civil y a Interpol, respecto a la emisión de la ficha roja correspondiente.

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