Arturo Callejo- abril 22, 2022
En los dos últimos años, las dos empresas que ganaron la licitación para rehabilitar los caminos del sur del Estado de México llevan apenas entre 20 y 25 por ciento de avance, lo que ha sido obstaculizado por problemas técnicos y sociales, esto se traduce que, las constructoras enfrentan retrasos en contratos de personal y adquisición de insumos, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política en la 61 legislatura estatal, Maurilio Hernández González
En esta región mexiquense, hay que subrayar, opera el crimen organizado, como es el cártel de “La Familia Michoacana”.
Es de referir que, para rehabilitar y mantener 82 caminos de la región sur, hay autorizados más de 15 mil millones de pesos desde la pasada legislatura mexiquense, es decir, desde 2019.
Este dinero es para rehabilitar mil 600 kilómetros en 48 municipios, con el objetivo de llevar mayor progreso y desarrollo a este punto del Estado de México.
“Los avances van por tramos, no llevan un método lineal, son mil 600 kilómetros los que se habrán de rehabilitar, son caminos, carreteras interiores que están en 48 municipios, entonces hay municipios donde ya llevan tramos muy avanzados, otros apenas están avanzando, otros no han empezado, han tenido dificultades de carácter técnico y social”, detalló.
El año pasado, el mismo coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), indicó que el crimen organizado que impera en la zona sur mexiquense pedía el llamado “derecho de piso” a las constructoras para que éstas pudieran continuar los trabajos.
El problema que tienen las constructoras es la falta de mano de obra que debe ser de la zona, es decir, los albañiles, por ejemplo, tienen que vivir en alguno de los municipios sureños; y los insumos y equipos para rehabilitar están sujetos a negociaciones con grupos que controlan la región, “es una realidad que enfrentan las empresas y el gobierno estatal”, enfatizó el diputado morenista.
Urgió al Gobierno del Estado de México a que haga lo que le corresponde para que las empresas que ganaron la licitación a través de la figura de Asociación Público-Privada (APP) avancen en el proyecto, pues recordó que el año próximo termina la actual administración estatal.
“Ellos nos dijeron que en un año está resuelto el tema y ya van para dos años, esto se aprobó en el 2019”, recordó.
