Jesús Hernández – enero 13, 2022
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés al Gobierno del Estado de México, al no admitir, por mayoría de votos, la controversia constitucional que promovió el propio gobernador Alfredo del Mazo Maza, en contra del Censo de Población y Vivienda 2020, así como de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Primer Trimestre 2021), ambas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con lo que la entidad dejará de recibir millones de pesos en su presupuesto anual.
Y es que, con tres votos a favor, la Segunda Sala de la SCJN señaló que, si bien este órgano tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de actos o normas a través de una controversia constitucional, el que proceda o no este instrumento está condicionado a que se expongan argumentos que realmente manifiesten una afectación a las competencias constitucionales en contra del propio gobierno mexiquenses y/o de los derechos humanos.
La Máxima Tribuna del país justificó que el recurso promovido por el mandatario mexiquense representa más bien transgresiones a legislaciones diversas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, «por lo que no existe planteamiento alguno que revele una afectación a las competencias constitucionales a su favor o el de los derechos humanos».
Indicó que esta resolución también se fundamenta con el criterio que ha aplicado en otras ocasiones la SCJN, relacionado con que son improcedentes las controversias en las que se alegan cuestiones de legalidad, en tiempo, plazo y montos en que se distribuyen los recursos federales a estados y municipios, puesto que la regulación depende de la normativa que exista en materia de coordinación fiscal entre los tres niveles de gobierno.
El pasado 16 de noviembre, Alfredo del Mazo señaló que, en promedio, el Estado de México estaría dejando de recibir cuatro mil 400 millones de pesos cada año, por la reducción de población que aparentemente tuvo la entidad en el Censo de Población y Vivienda 2020, de cerca de un millón 100 mil habitantes, lo que se traduce en afectaciones a los ingresos que tienen los municipios por este concepto.
