Hoy Estado de México – septiembre 29, 2021
El representante legal de la dueña y directora del colegio Enrique Rébsamen, Rosendo Gómez, fue aprehendido por elementos de la Policía de Investigación (PDI), de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
De acuerdo con el reporte de la policía, integrantes de la institución cumplimentaron este martes una orden de aprehensión en contra del abogado, siendo arrestado en punto de las 11:28 horas en las inmediaciones de la colonia El Capulín, en Tlalpan, el hombre fue ingresado al reclusorio Sur y puesto a disposición ante un juez de control.
El litigante fue acusado por su presunta participación en el ilícito de ejercicio ilegal del servicio público, cuando trabajó en la Secretaría de Movilidad, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina.
Según la investigación de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, de la Coordinación General de Investigación Estratégica, este delito pudo haberse perpetrado en el año 2016.
Después de que se presentara la denuncia en noviembre de 2018, se hizo la investigación necesaria, por lo que solicitó la orden de aprehensión en su contra.
Cabe recordar que Mónica García Villegas recibió sentencia de 36 años de cárcel por homicidio culposo en contra de 26 personas luego del derrumbe del colegio en el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017.
Tras darse a conocer el fallo de 31 a 36 años de prisión para Miss Moni, el abogado indicó para Milenio el pasado 19 de agosto: «estaríamos viendo cómo el Poder Judicial, que es autónomo de la Ciudad de México, está en comunicación directa con la fiscalía, que se supone también es autónoma y coludidos con la Jefatura de Gobierno».
«¡Qué aventurados! Si lo están haciendo así, están haciendo una ilegalidad (…) promoveríamos un juicio de amparo y también tendríamos que ver las formas en las que se dio esa notificación y si hay responsabilidad administrativa o incluso penal para algún funcionario público, ya sea del tribunal o de la propia fiscalía, tendríamos que acudir a la Fiscalía General de la República a hacer patente que hay alguna filtración de la información y eso hace pensar o suponer que hay algún tipo de corrupción, o de línea».
El profesionista dijo que en dicho fallo “hay un tema de ignorancia” y si los magistrados sentenciaron a 36 años, se puede denunciar “por ignorancia inexcusable” por dictar una pena, aseguró, fuera de lo establecido, pues la máxima sería de 20 años.
