Hoy Estado de México – junio 01, 2020
El diputado de Morena, Nazario Gutiérrez Martínez, acusó a la Secretaría de Movilidad del Estado de México de negar su apoyo a los concesionarios del transporte público durante la contingencia sanitaria por el Covid-19.
El legislador calificó de insensible a la dependencia por no brindar vales de combustible y apoyos para realizar los trámites reglamentarios y normativos o la condonación de multas por trámites extemporáneos que requiere el sector, cómo él mismo exhortó.
Para el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la 60 Legislatura estatal, esta negativa demuestra que la Secretaría de Movilidad ve a los transportistas como adversarios y los descalifica por no prestar este servicio bajo criterios y prácticas empresariales.
Además señaló que hay incapacidad para abatir el rezago administrativo con el que se pretende reordenar el sistema, por lo que se pronunció por un nuevo modelo para el sector que le permita, entre otras ventajas, enfrentar con fortaleza emergencias como la presente.
Pretenden resolver el rezago en trámites administrativos con nuevos trámites, oponiéndose a cualquier reforma de fondo que realmente dé certeza jurídica a los concesionarios que son vistos en esa Secretaría como sus adversarios y no como el complemento de la inversión que el Estado requiere en el sector”, sentenció.
Agregó que los concesionarios deben pagar altas sumas a la dependencia por trámites y servicios diversos, sin beneficios fiscales que las faciliten nuevas inversiones.
Resulta inapropiado que esa Secretaría culpe a los concesionarios de no ser empresarios, cuando ha sido y es su responsabilidad elegir a los concesionarios, y si los que ya lo son carecen de preparación empresarial, compete a esa Secretaría instrumentar programas que los preparen y capaciten en las mejores prácticas empresariales para el sector, con un objetivo de mejorar el servicio para los pasajeros”.
Lamentó además que durante sexenios los recursos que requería el sector para su modernización y ordenamiento se hayan destinado a usos electorales, afectando la prestación de un servicio eficiente al que tienen derecho los y las mexiquenses.
