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Destapan «Operación Desfalco» en Sinaloa

En la última década 16 funcionarios y políticos de Sinaloa –exgobernadores, senadores, diputados, líderes de partidos, candidatos, alcaldes y secretarios de estado– han logrado obtener contratos o subsidios públicos mientras se hallaban en una posición de privilegio. Esto les ha permitido hacer negocios con los gobiernos a través de sus empresas familiares. El monto obtenido mediante este esquema de posible conflicto de intereses y tráfico de influencias supera los 800 millones de pesos.

Mientras que en Quintana Roo se apropiaron ilícitamente de bienes inmuebles, en San Luis Potosí se volvieron profesionales del moche y en Veracruz se convirtieron en maestros de la creación de empresas fantasma, en Sinaloa la clase política ha utilizado un mecanismo poco sofisticado pero eficaz: han creado empresas reales a nombre de los propios políticos o familiares y han ganado contratos gubernamentales donde ellos tienen una amplia capacidad de influencia.

La práctica alcanza a políticos relacionados con casi todos los partidos: PRI, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Nueva Alianza. También involucra a tres exgobernadores de Sinaloa: Francisco Labastida Ochoa, Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdez.

Francisco Labastida Ochoa ha sido uno de los hombres con más poder en la política mexicana moderna: además de exgobernador de Sinaloa (1987-1992), fue titular de la Sagarpa (1995-1998), secretario federal de Gobernación y candidato presidencial en el año 2000, cuando el PRI perdió contra el panista Vicente Fox. Durante su paso por la Sagarpa tuvo como mano derecha a Marcos Augusto Bucio Mújica, quien fungió como coordinador de los delegados federales de esa secretaría. Anteriormente Bucio había sido el secretario particular de Labastida durante los seis años de su gobierno.

Bucio volvió a la Sagarpa federal como oficial mayor en diciembre de 2012, justo al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y coincidentemente en el periodo en que estuvo en el cargo, la empresa Agri 27, propiedad de Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo de su amigo Labastida Ochoa, comenzó a ver un incremento en los subsidios que recibía.

Mientras que en 2012 los apoyos para su empresa apenas alcanzaron los 822 mil 503 pesos, en 2013 –primer año de Bucio– estos se incrementaron a 1 millón 817 mil 249 pesos, en 2014 recibió una cantidad similar de 1 millón 822 mil 556 pesos y en 2015 Labastida jr. sumó 2 millones 994 mil 671 pesos. La buena racha para Labastida Gómez de la Torre acabó cuando Bucio dejó la Sagarpa (septiembre de 2015) para irse de Cónsul a El Paso, Texas. 

En 2016, Agri 27 apenas sumó 152 mil 600 pesos en subsidios.

Bucio y Labastida son amigos entrañables, tanto que el 4 de abril de 2016 el primero le organizó en Los Mochis, municipio de Ahome, la tierra donde nació Labastida, un homenaje para reconocerlo por las obras que impulsó en la entidad cuando fue gobernador. “Hay un refrán que dice: en vida, hermano, en vida, se debe demostrar la gratitud.

Hoy estamos aquí los amigos, sus excolaboradores para hacerle sentir que le tenemos una muestra de gran respeto por su gestión”, dijo el que entonces ya era cónsul en Texas, y que más tarde se vería involucrado en la investigación periodística La Estafa Maestra. En el trabajo se le mencionó como uno de los funcionarios involucrados en la red de desvíos de recursos públicos. Él fungía como titular de la Oficialía Mayor de la Sagarpa. En este gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue nombrado subsecretario de Educación Pública federal.

Los beneficios del poder a Labastida jr. no acaban con Sagarpa: mientras recibía apoyos del Gobierno federal también tenía otros ingresos: fungió como coordinador de Proyectos Estratégicos (2011-2016) y más tarde como secretario de Desarrollo Económico durante el gobierno de Mario López Valdez (2016), y al mismo tiempo arrendó diversas bodegas a los gobiernos municipal y estatal en Sinaloa.

Labastida hijo no tenía carrera política, incluso el cargo de coordinador de Proyectos Estratégicos no existía antes de su llegada, pero su papá fue uno de los pilares más importantes para la campaña de Malova, no solo lo apoyó en la contienda a gobernador por el PAN-PRD y en contra de su partido, el PRI, sino que previamente habían sido compañeros de fórmula al Senado de la República. El guiño político de Malova al exgobernador fue crearle un cargo público a su hijo en el que duró cinco años. El último año se desempeñó como secretario de Desarrollo Económico del Estado.

Durante los seis años que ocupó cargos públicos Gómez de la Torre obtuvo 3 millones 933 mil 525 pesos por alquiler de bodegas, locales y edificios al gobierno municipal de Culiacán y al gobierno estatal, según los padrones de arrendamiento de esos años.

Las rentas de inmuebles las realizó a través de Agri 27, una empresa que constituyó en julio de 2002 con su entonces familia política y donde él ha fungido la mayor parte del tiempo como presidente del consejo de administración. La compañía es una multifuncional que lo mismo se dedica a la producción y comercialización de productos agrícolas con subsidio público, que a la adquisición y enajenación de inmuebles a los gobiernos de Sinaloa.

Según documentos oficiales obtenidos por transparencia el gobierno estatal entregó pagos mensuales a Agri 27 durante 2011, 2012 y hasta enero de 2013 cuando fue cancelado, esto a pesar de que el contrato vencía el 31 de agosto de 2011; en el ámbito municipal, Agri 27 recibió pagos del DIF Culiacán en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Además, en 2013 la compañía se vio beneficiada con 66 mil 500 pesos para la reconversión de cultivos por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería estatal. En 2014 recibió 1 millón y medio de pesos por incentivos a la producción agrícola de parte del gobierno federal.

En total, la empresa de Labastida jr obtuvo más de 14 millones de pesos de los gobiernos municipal, estatal y federal, por la prestación de servicios de arrendamientos y como beneficiaria de subsidios durante los seis años en que trabajó en el gobierno de Malova.

Lucas Moreno

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