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Defenderán al Centro de Convenciones y ex tiradero municipal de Tlalne, para evitar su venta

Isaac Ramírez – agosto 28, 2019

La décima segunda regidora, Itze Lizbeth Nava López, y liderazgos de Movimiento Ciudadano, iniciarán la defensa del Centro de Convenciones y del terreno del ex relleno sanitario de Tlalnepantla, para evitar que ambos bienes municipales sean desincorporados del patrimonio y, posteriormente, vendidos mediante subasta pública, pues aseguraron el primero debe continuar como un espacio cultural para la población y el segundo se debe convertir en un nuevo pulmón de la zona norponiente del Valle de México.

En conferencia de prensa, la regidora independiente manifestó que el gobierno municipal debe privilegiar la salud y el bienestar de la población por encima de intereses particulares, por lo que criticó que el alcalde Raciel Pérez Cruz justifique la desincorporación de los inmuebles con el argumento de que los recursos que se obtendrán de la subasta permitirán cubrir la deuda histórica, ya que, de acuerdo con la empresa Fitch Ratings, esta demarcación enfrenta su nivel más bajo de endeudamiento, cuenta con capacidad de pago y tiene alta capacidad de ahorro interno y recaudación, lo que, dijo, no vuelve urgente el pago de los pasivos.

Además, señaló que, en el caso del predio del ex tiradero municipal, las autoridades locales deben cumplir con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, en la que se señala que los terrenos que fueron usados como rellenos sanitarios, deben ser reconvertidos en áreas verdes, al final de su vida útil, por lo que no puede destinarse para algún proyecto de infraestructura comercial o habitacional.

La edil criticó que la administración de Raciel Pérez use un doble discurso para justificar la venta de los inmuebles, ya que, dijo, al inicio del año anunció que las acciones de su gobierno estarían alineadas a la Agenda 2030, propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, en la cual se establece el cuidado del medio ambiente como una prioridad, pero, por otro lado, se niegue a convertir este sitio en un pulmón verde que promueva el desarrollo sustentable de esta ciudad mexiquense.

Por su parte, el presidente de la asociación civil Nueva Ciudadanía, Saúl López Maldonado, mencionó que es extraño que el gobierno municipal haya expresado su interés en pagar la deuda histórica de un día para otro, pues en el Plan de Desarrollo Municipal, elaborado en febrero de 2019, no se estableció como una de las directrices de esta administración el pago de los pasivos a largo plazo para lograr una deuda cero, además de que los recursos etiquetados para este fin, bajaron de 200 millones a 126 millones de pesos este año.

El año pasado, Tlalnepantla recibió un presupuesto de tres mil 900 millones de pesos y ejerció al final tres 600 millones. El presupuesto de este año es de cuatro mil 300 millones de pesos, incrementándose los recursos para servicios generales principalmente; sin embargo, para el pago de la deuda, que es el capítulo 9000, el año pasado se destinaron 200 millones y ahora solo 126 millones; es decir, 30 por ciento menos, por eso nos sorprende que de repente sea una urgencia cuando no estaba contemplado en el presupuesto de este año. Hay que preguntarle al presidente municipal los propósitos ocultos que devienen de la urgencia repentina de vender esos bienes”, detalló.

El también ex regidor perredista agregó que, en el caso del Centro de Convenciones, no existe un dictamen que señale que el inmueble cuenta con daños estructurales tras el sismo de septiembre de 2017, pues, afirmó, el único documento del que hay registro es uno expedido por la Dirección de Protección Civil municipal, en donde el personal se declara no capacitado para determinar si existe o no un daño en el mismo, y a pesar de ello, se continúan celebrando eventos en el sitio, como la entrega de tarjetas de los programas federales, en donde se aglutinan cientos de personas.

Por lo anterior, ambos confiaron en que el Congreso del Estado de México dé marcha atrás a la intención de desincorporar ambos inmuebles, por lo que enviarán oficios a cada uno de los 75 legisladores mexiquenses, en los que explicarán las inconsistencias que existen por parte de las autoridades municipales para lograr la venta de estos espacios, así como el impacto que tendría la presunta privatización de estos sitios, pues apenas se alcanzarían a reunir alrededor de 200 millones de pesos con la venta, con lo que no se alcanzaría a cubrir el cien por ciento de la deuda, la cual asciende a 460 millones de pesos.

Sostuvieron que, en caso de que los diputados locales aprueben la desincorporación, iniciarán movilizaciones con el apoyo de los vecinos, para evitar que se cometa una injusticia en un sitio que debe tener una vocación natural.

Al respecto, el Ayuntamiento de Tlalnepantla aseguró que actúa con total transparencia en la toma de decisiones en beneficio de la ciudadanía, por lo que se asumió esta decisión para evitar que ambos continúen representado una carga financiera para la administración, por los gastos que implica su mantenimiento y seguridad.

La Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano informó que el antiguo tiradero municipal, ubicado en la Autopista México-Querétaro, kilómetro 27, fracción 7, colonia San Pedro Barrientos, terminó su vida útil en 1998 y no contaba con las instalaciones necesarias para el manejo y control de contaminantes, lo que afectó al medio ambiente. En reiteradas ocasiones, este predio fue propuesto para proyectos de obra pública en materia de educación, pero debido a los altos costos de inversión que representaba su saneamiento, no fueron llevados a cabo”, puntualizó.

Agregó que, debido a los desniveles con los que cuenta el inmueble, de hasta 118 metros, es imposible realizar alguna obra en el sitio.

Los recursos que se obtengan, se utilizarán para pagar la deuda histórica de la administración municipal, lo que generaría ahorros por más de 813 millones de pesos en el pago de intereses y que esta administración concluya con una deuda pública de cero”; reiteró.

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