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En seis meses, asesinan a 8 líderes y choferes del transporte público del Edomex

Manuel López e Isaac Ramírez – julio 09, 2019

En los últimos seis meses, al menos ocho líderes y choferes de las diferentes rutas del transporte público que operan en el Valle de México han sido asesinados; homicidios que se suman al cobro de extorsiones y amenazas, así como a la quema de unidades de las que han sido víctimas integrantes de este sector, a cambio del pago de un presunto derecho de piso.

Datos recabados señalan que los últimos 15 días han sido uno de los periodos más violentos para los empresarios del sector transporte del Estado de México, sin que, hasta ahora, se haya detenido a algún presunto responsable.  

Por resistirse supuestamente a un asalto, el chofer de una unidad del trasporte público de la Ruta 31 fue asesinado a balazos sobre la Avenida 16 de septiembre y Periférico Norte, en Naucalpan, el pasado 25 de febrero.

El 06 de abril, otro conductor de un autobús del transporte público de la Ruta 26 fue herido, debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida, luego de que recibiera al menos dos disparos de arma de fuego por dos sujetos que subieron a la unidad sobre la avenida Miguel Hidalgo, en la colonia Santa María Tlayacampa de Tlalnepantla.

La noche del 19 de junio fue secuestrado por cuatro sujetos el presidente de Multitransportes de Jilotzingo, Armando “N.”, de 55 años de edad; un día después, su cuerpo sería localizado con dos disparos sobre el paraje Arenillas de Naucalpan, a pesar de que sus familiares pagaron una parte del rescate.

Tan solo unas horas después, el líder de la Ruta 27, Placido “N.”, fue asesinado a balazos en Nicolás Romero, cuando viajaba junto con su esposa en un vehículo particular sobre la calle 5 de mayo de la colonia Ignacio Zaragoza; sitio en el que fueron alcanzado por dos sujetos que avanzaban en una motocicleta, para luego dispararles en al menos ocho ocasiones y quitarle la vida al dirigente transportista a la altura de la Unidad Habitacional Jorge Jiménez Cantú.

El pasado 24 de junio fue hallado, en Otumba, el cuerpo sin vida del líder de la Organización de Transportistas Servicios Colectivos Melchor Múzquiz (SECOMM), Martín Soto Rosales, el cual presentaba signos de tortura y se encontraba envuelto en una cobija; sin embargo, fue hasta el 03 de julio cuando familiares reconocieron a la víctima que permanecía en calidad de desconocido en el Servicio Médico Forense. El dirigente había desaparecido desde el pasado 17 de junio por sus familiares.

Soto Rosales fue un líder con fuerte presencia en el municipio de Ecatepec con varias rutas de transporte público de taxis y combis que denunció presuntos actos de corrupción y extorsión en contra de sus agremiados.

Incluso, antes de su desaparición había sido detenido por policías municipales de Ecatepec por sostener un conflicto con motociclistas sobre la avenida Siervo de la Nación.

Hace tres días, el presidente de la Ruta 95, identificado como Inocencio “N.”, fue asesinado por al menos dos sujetos, cuando viajaba a bordo de su camioneta y fue presuntamente víctima de un robo sobre la avenida Pirámides del municipio de San Martín de las Pirámides.

Ese mismo día, un transportista, aún sin identificar, fue hallado calcinado dentro de una unidad de transporte en las inmediaciones del río San Nicolás, en la comunidad de San José del municipio de Acolman.

La víctima fue localizada dentro de una unidad de la marca Ford, tipo Transit y con placas de circulación JHK6460, la cual fue incendiada por los victimarios.

Esta mañana, un chófer de la ruta 53 Pegasso presuntamente fue acribillado durante un intento de asalto en los Reyes Acaquilpan, ubicado en la cabecera municipal de Los Reyes La Paz.

En los últimos meses, chóferes de varias rutas con presencia en Acolman, Ecatepec, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl, han denunciado el incremento de las extorsiones en su contra, sin que cuenten con el apoyo de las autoridades.

En abril de 2019, la secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, informó que sumaban 30 denuncias por extorsión en contra de autoridades municipales y transportistas del Valle de México, los cuales eran investigados por la Fiscalía General de Justicia mexiquense.

En ese momento, la funcionaria estatal señaló que estos delitos se debían al cambio de administraciones municipales, el cual aprovechaban los delincuentes para amedrentar a los afectados.

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