Avala Comisión de Gobernación cuestionada ‘ley de propaganda’

Hoy Estado de México – abril 3, 2018

Integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, con mayoría priista, aprobó el dictamen de la Ley General de Comunicación Social propuesta por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En respuesta legisladores de oposición calificaron la propuesta como una simulación del PRI con la que pretende cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la cual ordenó se regulara la propaganda gubernamental.

Diversas organizaciones civiles también se pronunciaron contra esta Ley General de Comunicación Social por considerarla regresiva además de una oportunidad perdida para regular el gasto de los gobiernos en comunicación, pues con la propuesta priista, afirman, vuelven legales las malas prácticas.

Según el dictamen, en dicha Ley se establecen entre otras cosas, la creación de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación, que estará a cargo de la Secretaría de Gobernación. Sólo quienes estén inscritos podrán ser contratados por las instancias gubernamentales.

Esteblece la obligación de las entidades gubernamentales de reportar la contratación de cada campaña en medios y el lanzamiento de un Sistema Público de comunicación controlado por la Secretaría de la Función Pública.

Cada año, las dependencias deben elaborar una Estrategia de Comunicación Social y, de tener recursos presupuestados para esta labor, deben tener un Programa Anual en el que indiquen los temas a posicionar, su importancia y el presupuesto que se destinará, indica el documento.

La Secretaría Administradora debe autorizar la Estrategia y el Programa, y entonces la dependencia deberá hacer una solicitud donde se diga los recursos a erogar y los medios de comunicación que se utilizarán.

La Secretaría de la Función Pública creará y administrará un Sistema Público en el que se llevará un control sobre el gasto de cada dependencia en campañas de comunicación, dice el predictamen, en el que se incluirán los nombres de las personas físicas o morales contratadas, así como el monto pagado.

La propuesta señala que el solo hecho de pertenecer a ese Padrón implicará obligación de los entes públicos a contratarlos.

Con información de Reporte Índigo.

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