Falla Edoméx al establecer órdenes de protección contra agresores de mujeres

Isaac Ramírez – Septiembre 4, 2017

Ante la declaratoria de Alerta de Género en 11 municipios del Estado de México, organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre la urgencia de establecer órdenes de protección para las mujeres y sus familias que han sido víctimas de violencia en cualquiera de sus modalidades, de desaparición o feminicidio, pues es una de las acciones establecidas en la alerta en la que existen retrasos por parte del gobierno estatal y del Poder Judicial.

El coordinador general de Justicia, Derechos Humanos y Género del Observatorio Nacional del Feminicidio, Rodolfo Manuel Domínguez Márquez, reconoció que si bien hay avances en el Estado de México en la implementación de la Alerta de Género, la violencia contra las mujeres es una situación tan compleja que no se puede resolver tan pronto, pues se trata de grupos bien organizados que requieren de la participación de todas las instancias de seguridad, procuración de justicia y de prevención, para poder combatirlos.

Destacó que uno de los grandes pendientes que tiene el Estado de México a través de esta declaratoria, es el establecimiento de las órdenes de protección, ya que no existe un mecanismo de coordinación de todas las instancias que participan en la alerta, que promueva la salvaguarda de las mujeres que han enfrentado algún tipo de violencia, ante sus agresores.

Se trata de una estrategia integral de protección, de acciones tanto carácter civil o penal que ayuden a garantizar la vida de las mujeres, su integridad física y que enfrenten una situación segura frente a sus agresores (…) Muchas veces se van a contener de realizar mayor violencia en contra de ellas, cuando ven que hay autoridades que les va impedir o que las están protegiendo”, aseveró Domínguez Márquez.

Explicó que bajo esta figura, los agresores que estén identificados recibirán apercibimientos para que dejen de cometer violencia en contra de las féminas o recibirían una pena de carácter penal, antes de la imputación, para disminuir el riesgo de agresión, o también se les restringiría el acercamiento a las víctimas; en cuanto a las víctimas, se harían rondines policiacos en su entorno, se colocarían botones de pánico en su entorno inmediato para que se accionen en cuanto estén en riesgo, entre otras acciones que les permitan estar a salvo y no permitir que los patrones o las condiciones de riesgo aumenten con el tiempo.

El mecanismo está establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero vemos dificultades, pues no están cumpliendo con ella o no hay un modelo a seguir. Existe mucho desconocimiento para establecer estas medidas de protección, aunque es necesario que se sigan los lineamientos de actuación o medidas específicas que ayuden a coordinar y que obligue a las autoridades a garantizar la protección de las mujeres”, dijo.

El coordinador general de Justicia, Derechos Humanos y Género del Observatorio Nacional del Feminicidio subrayó que 70 por ciento de los casos de violencia ocurren en el ámbito público o comunitario y con la participación del crimen organizado.

Muchos de los casos, se tratan de niñas que son desaparecidas o violentadas con fines de explotación sexual, en donde existen patrones de enganche o de violencia sexual en los ámbitos públicos, lo que deriva en los feminicidios, pues resulta más fácil violar a una persona y asesinarla, que dejarla con vida”, sostuvo.

Mencionó que, a la par, es necesario que se instrumenten medidas para el rescate de espacios públicos con perspectiva de género y que los 11 ayuntamientos creen más unidades de Búsqueda Inmediata de Personas, que se coordinen con la Fiscalía General de Justicia y garanticen la búsqueda inmediata dentro de las primeras 24 horas, lo que incrementa la posibilidad de encontrar a las víctimas con vida.

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