Isaac Ramírez – Agosto 16, 2017
A sus 27 años de edad, Elizabeth Flores López, de la comunidad de San Francisco Oxtotilpan de Temascaltepec, solo tiene un sueño: reunirse nuevamente con sus dos hijas de 11 y ocho años de edad, a quienes dejó de ver hace casi cinco años. El motivo: el 23 de agosto de 2012, el automóvil en el que viajaba, junto con su ex novio y un amigo menor de edad, fue detenido en un retén del Ejército mexicano que fue instalado sobre la carretera a Temascaltepec, en donde fueron halladas dos armas largas.
A ella, los militares le atribuyeron un arma de uso exclusivo del Ejército, mientras que a su novio lo presentaron como responsable de un armamento, cuya posesión alcanzaba fianza para enfrentar el proceso en libertad. A pesar de que Elizabeth alegó que desconocía que en el vehículo en el que viajaba se transportaban ambos artefactos, su condición de matlatzinca la puso en desventaja frente al resto de sus acompañantes, quienes casi inmediatamente quedaron libres, cuando fueron presentados ante la Procuraduría General de la República.
A ella, se le dictó una sentencia de siete años en prisión -tres los pasó en el penal estatal de Almoloya de Juárez y dos más en el Centro de Readaptación Social de Otumba-; sin embargo, su historia cambió la madrugada del 05 de agosto, cuando fue liberada con el pago de una fianza de siete mil pesos para que continúe su proceso en libertad, gracias al convenio de coordinación interinstitucional que firmaron, en octubre pasado, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM) y la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del gobierno estatal, convirtiéndose en la primera indígena recluida en un penal mexiquense que alcanza este beneficio, con el acompañamiento de las instituciones gubernamentales.
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II. Los convictos
Como Elizabeth, en el Estado de México están recluidas 344 personas originarias de algún pueblo indígena -323 hombres y 21 mujeres-, principalmente de las etnias otomí, con 94 presos; mazahua, con 87 y náhuatl, con 49 casos, estas tres, originarias de la entidad; mientras que también se contabiliza la presencia de 24 presos mazatecos, 18 zapotecos y mixtecos, 14 mixes y ocho totonacas, por citar las principales.
Por otro lado, de acuerdo con la CEDIPIEM, la mayoría de quienes pertenecen a este sector y están en las cárceles mexiquenses, tienen una edad mayor a los 35 años.
De acuerdo con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, los principales delitos por los que fueron detenidos los integrantes de estas etnias, son por homicidio, con 110 casos; violación, con 90; robo, con 71; secuestro, con 36; así como extorsión y participación en actos de delincuencia organizada, con cinco casos cada uno.
Además, el mayor universo de los presos de este sector de la población, se encuentra en los penales de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, en donde se reporta la reclusión de 94 personas, en el penal de Ixtlahuaca, se encuentran 42 detenidos; en el de Chalco, se cuentan 33; 29 están alojados en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla; 28 en El Oro, 26 en el Centro de Readaptación Social de Chiconautla, en Ecatepec; y 20 en el penal de Neza-Bordo.
III. La reclusión
El comisionado estatal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Valiente Hernández, informó que el tratamiento que reciben los presos indígenas en los diversos centros penitenciarios de la entidad, es el mismo que se les da al resto de la población carcelaria; sin embargo, al ser considerados un grupo vulnerable, se realizan algunas acciones que los benefician, como la solicitud al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con la finalidad de que, una vez identificada su lengua materna, la institución envíe material educativo traducido en esta lengua y asigne a un técnico docente que acompañe al reo en su proceso de alfabetización.
También reciben tratamiento por parte de las áreas de psicología y criminología, medicina, trabajo social y laborterapia, brindando un seguimiento a su reinserción social”, indicó.
Como parte de los beneficios que este sector recibe, está también la asignación de un intérprete para aquellos que no hablen español, siempre y cuando lo soliciten, quien los acompañará en su proceso jurídico.
En este sentido, el vocal ejecutivo del CEDIPIEM, Abraham Monroy Esquivel, destacó que uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los indígenas presos, es que deben apegarse a un abogado de oficio para que les lleve su caso, ante la falta de recursos económicos para pagar un litigante particular, lo que en más de 50 por ciento de los casos, retrasa los procesos judiciales de este sector, como ocurrió con Elizabeth.
Desgraciadamente, en México, si no tienes dinero, no puedes pagar un abogado, y si no lo pagas, pues te aguantas a lo que te pueda ofrecer el Estado y, a veces, la federación trabaja con litigantes que no van a atacar a su patrón, entonces, rara vez un abogado de oficio defiende con sangre y uñas el caso de un indígena”, aseveró el diputado Raymundo Garza Vilchis, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la 59 Legislatura mexiquense.
Indicó que, actualmente, la comisión legislativa a su cargo, en conjunto, con el CEDIPIEM, ha revisado los expedientes de 70 casos, en donde se ha detectado, en su mayoría, que los indígenas no tuvieron una representación adecuada.
Actualmente, la ley marca que deben tener un traductor y un abogado de oficio, lo cual se ha omitido y la defensa tampoco existió, por eso asumen la responsabilidad de los actos. Son expedientes que están a cargo tanto de (la Comisión de) Derechos Humanos (del Estado de México) y del Cedipiem”, dijo.
El legislador descartó que estos casos ocurran porque haga falta una actualización en la legislación local y los atribuyó a la falta de traductores de oficio y abogados penalistas que acompañen a este sector en sus juicios, para evitar que les sean consignados delitos que no cometieron.
Hasta ahora, de los 344 presos recluidos, 100 fueron procesados y a 244 ya les fue dictada una sentencia.
IV. La ayuda
Actualmente, el CEDIPIEM revisa cada uno de los expedientes de estos reos, con la finalidad de verificar en qué casos pudieron existir inconsistencias o los detenidos pueden alcanzar un beneficio legal, como salir bajo fianza, alcanzar el indulto o conmutación de pena o para que puedan cumplir una parte de su sentencia final en libertad.
El vocal ejecutivo del CEDIPIEM, Abraham Monroy Esquivel, explicó que la dependencia a su cargo se encuentra en la revisión de cada uno de los casos, con la finalidad de apoyarlos a ellos y sus familias con un acompañamiento jurídico, psicológico y, dependiendo de su condición, hasta económico, para que aquellos que sean primodelincuentes y hayan purgado la mayor parte de su pena con una buena conducta, puedan alcanzar alguno de los beneficios mencionados, a efecto de que sean liberados y enfrenten su proceso en libertad, como ocurrió con Elizabeth.
Mientras tanto, la joven matlatzinca está a punto de cumplir su sueño, pues, en breve, se reunirá con sus hijas que ahora viven en la Ciudad de México, y pronto se reincorporará a la escuela para continuar con los estudios que dejó pendientes por su reclusión, pues su misión es convertirse en un ejemplo para sus pequeñas.
