Seis organismos europeos de protección de datos emprenderán acciones contra Google por no haber respondido a su exigencia de modificar las reglas de confidencialidad, informó la Comisión Nacional francesa de Informática y Libertades (CNIL) .
Las autoridades nacionales de protección de datos dieron a Google a finales de octubre un plazo de cuatro meses para que actuara conforme a la normativa europea.
Los países europeos habían pedido a Google que facilitara información clara y completa sobre los datos recabados, que precisara la duración máxima de conservación o su finalidad, o que mostrara su compromiso de respetar las exigencias de la directiva europea de protección de datos.
Los organismos en cuestión, según el comunicado de la Comisión Nacional francesa de Informática y Libertades (CNIL) , son los correspondientes a Alemania, España, Francia, Italia, Holanda y el Reino Unido, que recibieron a representantes de Google el pasado 19 de marzo.
«Acabada esa reunión, no se ha puesto en marcha ningún cambio» , destaca el CNIL, según el cual le corresponde a cada autoridad nacional proseguir las investigaciones pertinentes de acuerdo con su normativa nacional.
El grupo detalla que aunque lo que denomina «acción represiva» ha sido concertada el mismo día, cada autoridad ha decidido aplicar las medidas que considera apropiadas, entre las que se incluyen nuevas investigaciones o controles.
El CNIL, en concreto, ha notificado a Google su decisión de abrir un «procedimiento de control» , así como otro de cooperación administrativa internacional con el resto de homólogos del grupo de trabajo.
Aludiendo a una simplificación de su política de confidencialidad, según se informó el pasado octubre, Google fusionó cerca de 60 reglas de uso y reagrupó información procedente de sus distintos servicios, como el servicio de correo Gmail o la red social Google+, que antes estaban separados.
Entre las peticiones que no han sido satisfechas se encontraban la de que facilitara información más clara y completa sobre los datos recabados, que precisara la duración máxima de conservación o su finalidad, o que mostrara su compromiso de respetar las exigencias de la directiva europea de protección de datos.
