Al menos cien de las mil 200 familias que fueron desalojadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de un predio de 311 hectáreas, en la zona del ex lago de Texcoco, conocido como Hidalgo y Carrizo, viven en un pedazo de terreno propiedad de un ejidatario que se compadeció de ellos al ver que se habían quedado a dormir a la intemperie.

La pequeña Dulce, a sus seis años de edad, camina con desgano, aún no entiende por qué la corrieron de su casa y después la derribaron, pero sí recuerda aquél día -el jueves 26 de abril-. "Estaba acostada con mi mamá cuando empecé a escuchar gritos, los policías nos decían que nos saliéramos, que agarráramos nuestras cosas y nos fuéramos, nomás nos dio tiempo de sacar unas cobijas y otras cosas que teníamos en el cuarto", dice mientras un par de lágrimas escurre por su rostro.

La pequeña y sus dos hermanitos de ocho y tres años de edad viven con su madre, Guadalupe, en una choza improvisada con palos y una lona, expuestos a las inclemencias del tiempo.

La familia de Luisa Mendoza tenía cinco años viviendo en el predio Hidalgo y Carrizo, "compramos hace 12 años pero trabajamos mucho para ir construyendo; todo para que en un ratito nos destruyeran todo lo que teníamos."

Estas familias, a diferencia de otras que encontraron alojamiento en casas de sus familiares, no tuvieron a dónde ir luego de que la Conagua, en un operativo en el que participaron más de dos mil elementos de las Policías federal y estatal, recuperó el predio y demolió más de mil viviendas.

Otros desalojados se refugiaron bajo los puentes del Circuito Exterior Mexiquense a la altura del municipio de Chimalhuacán.

El costo de ser pobre

Las familias compraron sus lotes a presuntos ejidatarios, quienes se ostentaron como dueños del predio Hidalgo y Carrizo, a precios de entre 65 mil y 80 mil pesos, con enganches de cinco mil pesos y mensualidades de mil pesos.

Muchos de los compradores ya habían terminado de pagar sus predios, habían construido casas con losa de concreto y llevaban viviendo en el lugar hasta siete años.

De acuerdo con el Director general del organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, dependiente de la Conagua, Miguel Ángel Vázquez Saavedra, la dependencia federal compró estos predios en 2011 a "los legítimos propietarios", para desarrollar el proyecto ecológico de recuperación del lago Nabor Carrillo, el más importante de la región.

Prefirió llamar al desalojo "recuperación" del predio y sugirió a los compradores, todos de escasos recursos, presentar demandas penales contra quienes les vendieron.

Documentos sin garantía

La gente no se explica por qué el Instituto Federal Electoral les expidió una credencial haciéndoles creer que tenían una identidad como ciudadanos de Texcoco, con un domicilio y el derecho de votar.

Tampoco comprenden por qué la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instaló postes y cableados en la zona, creándoles la idea de que pronto se regularizaría la zona.

Afirman que nadie los ha escuchado y nadie ha tomado en cuenta varios de los documentos que amparan la compra de un lote, desde amparos otorgados por un juez, hasta contratos de compraventa o cartas de promesa de venta.

En plena campaña electoral y a menos de dos meses de que se lleven a cabo las elecciones locales y federales, actores políticos del Estado de México se han acercado a estas.

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