Ruido, segundo delito ambiental más denunciado en la CDMX

Agustín Palma – Diciembre 1, 2016

Como un martillo que golpea con fuerza una pared, así se puede comparar el impacto del ruido ocasionado por decenas de cláxones en hora pico con el oído de una persona; contaminación que, durante la última década, se ha convertido en uno de los tres delitos ambientales que más se denuncia ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México.

Durante 2015, de las tres mil 466 denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio recibidas por la PAOT, 850 fueron por vibraciones o ruido, lo que lo colocó como el segundo más reportado, solo por detrás de las acusaciones por uso de suelo urbano.

En tanto, hasta noviembre de 2016, de las tres mil 272 denuncias recibidas por la PAOT, 745, es decir, el 22.83 por ciento fueron por este delito, de las cuales 227 están en investigación, 99 en proceso de admisión, 415 concluidas, una en proceso de turno y tres más no han sido admitidas.

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En la capital mexicana es tanta la saturación de ruido en distintos puntos, que este problema ya es considerado por investigadores como Fausto Rodríguez Manzo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, como un asunto de salud pública.

Puede causar desde enfermedades auditivas hasta afecciones cardiacas, pasando por molestias que implican la perturbación del sueño y el estrés”, indicó.

De acuerdo con organizaciones como Revive México, cotidianamente los habitantes de la capital del país, están expuestos hasta a 85 decibeles (unidad de medida de la sonoridad), cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima como un límite aceptable, 65, lo que puede afectar a 75 por ciento de la población por su hipersensibilidad.

Datos del Primer Mapa de Ruido de la Zona Metropolitana, detallan que 58 por ciento del ruido emitido proviene de establecimientos mercantiles, 10 por ciento de fábricas o industrias, nueve por ciento de talleres, cuatro por ciento de salones de fiestas, construcciones o plantas de energía y solo uno por ciento de centros educativos y religiosos.

Por ello, los especialistas exhortaron a las autoridades a implementar políticas de Estado, destinadas a solucionar la problemática económica y de salud pública generada por el ruido ambiental, mediante el mejoramiento de la calidad de vida de los espacios urbanos, habitacionales, educativos, laborales y recreativos, entre otros.

En la CDMX, la Ley de Cultura Cívica 3 sanciona a quienes produzcan ruidos que notoriamente atenten contra la tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud, con una multa de 10 a 40 veces la Unidad de Cuenta, o sea, entre 716 y 2 mil 867 pesos en promedio o con un arresto de entre 13 y 24 horas.

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